El proyecto Así se ve la minería en México nace del interés de académicos, comunidades y organizaciones civiles por visibilizar —literalmente— los estragos que, desde hace tres décadas, ocasionan las actividades mineras en el país.

Entre 1991 y 1992, en el preámbulo de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se aprobaron en México diversas reformas legales que facilitaron el acceso de las corporaciones, nacionales y trasnacionales, a los territorios y bienes naturales que se encuentran en ellos. Entre esas reformas destacan la nueva Ley Minera y la modificación del artículo 27 constitucional, que hicieron posible la explotación de los minerales del subsuelo y la privatización de la tierra perteneciente a ejidos y comunidades agrarias del país. Ambas reformas han tenido graves consecuencias para los territorios y las comunidades que los habitan. Una de ellas es el otorgamiento de miles de concesiones mineras, muchas de las cuales operan con la técnica de tajo a cielo abierto para extraer los llamados metales preciosos, principalmente oro. Estas actividades alteran radicalmente el paisaje y son fuente inagotable de contaminación, como muestran las imágenes reunidas en Así se ve la minería en México.

Los promotores de estos proyectos y las autoridades que los han apoyado argumentan que la minería provee empleos y genera bienestar en las regiones donde se instala. También aseguran que las actividades mineras hacen aportes sustantivos a las finanzas del país. La realidad es otra. Como muestran las fotografías que se reúnen en esta publicación, la proliferación de proyectos mineros ha arrasado con los paisajes, los ecosistemas y las cuencas hidrológicas, ha destruido las actividades económicas locales, ha detonado conflictos sociales debido a la violación constante de derechos y al despojo de tierras y recursos de las comunidades. En distintos casos ha dado pie a situaciones de violencia e ingobernabilidad sin que los nuevos empleos, mejores servicios y la calidad de vida prometida para las poblaciones locales lleguen a concretarse. Además, las aportaciones fiscales de esta actividad no solo son menores, sino que resultan irrisorias frente a las enormes ganancias que las empresas reciben y los graves pasivos ambientales que dejan.