Los problemas que actualmente enfrenta el manejo del agua son de la mayor relevancia. 12 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de las Naciones Unidas están directamente relacionados con el manejo del agua. El paradigma economicista que propone como criterios centrales el libre mercado, la competencia económica y los proyectos extractivistas parece haber llegado a un límite en lo que al manejo del agua se refiere, en tanto ha generado dramáticos impactos socio-ambientales y grandes obstáculos para el acceso al agua como derecho humano y para cumplir con sus funciones ecológicas en el mantenimiento de eco-sistemas sustentables. Uno de los principales problemas de la gestión de los recursos hídricos es el manejo de las cuencas. Las cuencas son territorios cuyas aguas drenan a un lago o a un mar por medio de un río. En tanto determinan en gran medida la disponibilidad de agua en los territorios, el estado de las cuencas determina en gran medida las condiciones de los ecosistemas y las poblaciones que allí se encuentran. Muchas de las actividades y del manejo territorial que se llevan a cabo en las áreas de las cuencas afectan sus condiciones socio-ambientales. La distribución de la población en las cuencas y su acceso al agua refleja con frecuencia condiciones de desigualdad tendiendo a privilegiar a las poblaciones urbanas ubicadas en las partes bajas de las cuencas en detrimento de las poblaciones –generalmente rurales y con frecuencia pobres- que habitan las zonas altas. Más aún cuando se exporta agua de una cuenca a otros territorios, los ecosistemas y las formas de vida de las comunidades que viven en las cuencas se ven drásticamente afectados.

Un segundo problema relacionado con el uso y manejo de los recursos hídricos se refiere a la calidad del agua. La medición estándar que actualmente se utiliza en México considera solo tres parámetros: demanda química de oxígeno, la demanda bioquímica de oxígeno (que son indicadores de la presencia de microorganismos en el agua) y la presencia de sólidos, dejando sin considerar la presencia de otros contaminantes o elementos tóxicos como son como los fosfatos y nitratos asociados al uso de fertilizantes (que generan eutroficación), los disruptores endócrinos, desechos orgánicos, desechos sanitarios, solventes, clorometanos y metales pesados, que genera la industria. El uso del agua con presencia de estos elementos tiene severos impactos en la salud humana y de los eco-sistemas.

Hasta hoy las comunidades y grupos de usuarios del agua afectados por estos problemas, tienen escasa información sobre ellos y carecen de capacidad de decisión sobre los procesos que los generan y sobre las alternativas para enfrentarlos. La participación social se ha limitado a la movilización más o menos espontánea frente a autoridades de orden local -que en ocasiones utilizan estas situaciones para generar clientelas entre los afectados-. Aunque la reforma al Artículo 4º Constitucional de 2012 establece que el acceso al agua es un derecho humano, el actual marco institucional considera a las personas que utilizan el recurso como meros usuarios de un servicio, y no favorece la participación social organizada en los mecanismos de manejo y de gestión del recurso.

Un ejemplo de gestión comunitaria y de participación social organizada puede encontrarse en Italia. Durante la última década del siglo pasado y la primera del presente, los gobiernos regionales italianos –como diversos gobiernos en México- impulsaron diversas regulaciones para privatizar los servicios de suministro de agua, bajo la noción de que un manejo privado era más eficiente que un manejo público. Sin embargo, resultados de investigación presentados por un grupo de académicos en 2003 sobre los resultados que había tenido la privatización mostraron claramente que ésta tenía como efecto el aumento de los costos, el incremento de los ingresos de los directivos, disminución de la calidad del servicio, patrones de uso tendientes a incrementar el consumo y no a promover un consumo responsable y sustentable y la disminución de inversión de largo plazo.

Durante 2011, ese mismo grupo de académicos encabezó la organización de un referéndum nacional para abrogar la ley de privatización del agua que había impulsado a nivel nacional el entonces Primer Ministro Silvio Berlusconi. Sin acceso al uso de medios masivos de comunicación masiva y a partir de la construcción de una amplia red de comités locales, lograron posicionar el tema en la agenda pública y utilizar el conocimiento que habían construido sobre los efectos de la privatización para ganar el referéndum con el voto de más de 25 millones de personas (más del 55% de los electores totales en Italia). Uno de los organizadores del referéndum, Ugo Mattei, señala que uno de los apoyos más importantes que tuvieron en este proceso fue el discurso de los bienes públicos como bienes de todos los miembros de la sociedad, y la privatización como un proceso que hace que los bienes de todos se conviertan en bienes de pocos.

El organismo de gestión de agua en Nápoles durante el período posterior a la abrogación de la ley de privatización es un ejemplo de participación social en la gestión del recurso. De esta experiencia se puede destacar el que uno de sus objetivos era, a diferencia de las empresas privadas de gestión, el disminuir el consumo de agua de los usuarios. Además, sus matrices de indicadores de resultados fueron reconstruidas para operacionalizar el bienestar social que estaba incrustado en el discurso del agua como bien común. Dentro de los criterios que utilizaban para construir sus indicadores estaba la inversión en infraestructura y la participación social en los procesos de toma de decisiones.

La reversión de los procesos de privatización no son experiencias aisladas o que vayan en contra de tendencias globales. David Hall, exdirector de la Unidad Internacional de Servicios Públicos de Investigación de la Greenwich Business School, ha documentado el proceso de remunicipalización de los servicios de gestión del agua en 235 ciudades entre 2000 y 2014, entre las que destacan París, Yakarta, Barcelona y Berlín.

Frente a la problemática del agua en México, y tomando en consideración la experiencia internacional, desde 2013 grupos académicos y sociales promueven una propuesta de política pública que considera:

      1. Priorizar la lógica de cuencas para el manejo de los recursos hídricos, por encima de las propuestas de construcción de grandes obras de infraestructura para la extracción de los recursos existentes. Esto implica:
a) impulsar procesos de formación y capacitación de tomadores de decisiones para incorporar la lógica de manejo sustentable a partir de la conservación de las cuencas. Se propone retomar el trabajo que ha realizado el Cecadesu y la Red Mexicana de Cuencas (http://www.agua.org.mx/red-mexicana-de-cuencas) en este sentido.
b) redirigir las propuestas de inversión en procesos extractivos a propuestas de regeneración, rehabilitación y restauración de cuencas.

      2. Modificar los procesos de monitoreo y tratamiento de la calidad del agua. Esto implica:
a) incluir mecanismos de monitoreo de compuestos orgánicos, metales pesados, nitratos y fosfatos.
b) invertir en procesos de tratamiento locales que respondan a los procesos productivos y a las dinámicas de contaminación del agua propias del contexto.

      3. Involucrar más activamente a los usuarios y las comunidades en los procesos de manejo del agua, lo que implica:
a) capacitar a actores locales en los mecanismos de monitoreo de la calidad del agua y de observancia de la regulación aplicable en materia de tratamiento y calidad de agua.
b) generar mecanismos de participación comunitaria y social organizada en los sistemas de manejo y de gestión del recurso.
c) Establecer claramente los criterios de desempeño tanto para el monitoreo de la calidad del agua como de la calidad del servicio, especialmente criterios de disponibilidad de agua para las personas y las comunidades, costos del servicio e inversión en la mejora del acceso al agua.