La gestión del agua no ha pedido respetar sus ciclos naturales, está centrada en una dinámica de creación de ganancias, no hay tratamiento, rehuso, ni separación de agua residuales y mucho menos de aguas negras.

Es necesario reformar la ley para que los daños al medio ambiente se encuentren relacionados con la afectación que causa a los ecosistemas, y no en función de contar con un acto administrativo.

Tenemos una ley de transición energética que establece metas crecientes para la entrada de las energías limpias, hoy ya no vamos a cumplir estas metas, hora esta transición busca basarse en modelos que no cumplen con los criterios de beneficios climáticos, sociales, económicos y ambientales.

Necesitamos una ley general de plaguicidas, que contribuya a un sistema alimentario sano y justo con programas de reducción progresiva y permitir el acceso público para saber ¿cuantos y dónde se usan los plaguicidas?

Las concesiones mineras son otorgadas cada vez más fácil y frecuentemente. Se requiere renovar nuestra Ley Minera, pues está generando impactos ambientales y sociales, en términos fiscales la aportación es mínima y las ganancias privadas.